Está siendo noticia y portada de periódicos la reciente subida del precio de la electricidad, y todos los tertulianos debaten qúe métodos debemos seguir para que no se dispare la factura mensual: Que si planchar durante la madrugada, que si poner  la lavadora en fin de semana, y un largo sinfín de absurdas soluciones.
Qué duda cabe  que esta subida, aparte de un hachazo (otro más) a los bolsillos de los ciudadanos y clases medias, va a tener  una innegable repercusíon en el IPC.
Nuentro Gobierno Central, ha tomado cartas en el asunto, y  voilá,  rápidamente ha decidido rebajar temporalmente el IVA sobre la factura de la la luz del 21% al 10%.
No he  leído ni escuchado cuestionar esta  medida arbitraria, y no sé muy bien qué razón lógica ha utilizado el Consejo de Ministros para adoptar tal medida, pero mucho me temo que el oligopolio de las empresas energéticas tiene  mucho que ver con ello.
A los sucesivos gobiernos no les ha temblado la mano cuando han tenido que ajustar las cuentas públicas a costa de las clases media  y PYMES, puesto que ni éstos ni aquéllas tienen una posición de dominio y están atomizados.
Con esta medida intervencionista, en vez de recortar los amplios beneficios de las Empresas Eléctricas, se ha optado cargar al déficit público los efectos de la subida de tarifas. ¿ Alguien ha visto algún  cálculo de cuánto dejará de ingresar  el erario público con esta medida? ¿ Va a racionalizarse el consumo energético si adulteramos el precio vía trato fiscal favorable?
Si consideramos que  la electricidad es un bien  de primera necesidad para efectuar esta reducción  impositiva,¿ Por qué no considerar otros  bienes y/o servicios como primera necesidad?
¿ No son bienes de primera necesidad los zapatos y calzado en general? ¿ O es que  nos podemos permitir  ir descalzos? ¿Y la ropa  y vestimenta en general?  ¿ Y el servicio de telefonía e internet?  Y así un largo etcétera que a todos se nos ocurren.
Punto aparte merece el sector inmobiliario, cuyas transacciones se ven gravadas por los tres niveles de la Administración,  por Ayuntamientos, Gobiernos Autónomos y Gobierno Central, vía Plusvalías de terrenos Urbanos, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales /IVA, e  IRPF  respectivamente.
La pregunta entonces es: Si tan problemática es la carestía de la vivienda, y todos los políticos lo llevan permanentemente en la boca,  ¿No es  igualmente la vivienda  un bien de primera necesidad?
Entonces,¿ a qué viene este trato fiscal  discriminatorio a favor del sector eléctrico?.
¿ Tendrán algo que ver las famosas  puertas  giratorias, que  funcionan realmente muy bien, colocando  las energéticas a políticos de derechas e izquierdas en sus puestos en los Consejos de Administración tan pronto cesan de sus cargos políticos?